Editorial

Veto a proyecto sobre usurpaciones

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El Congreso Nacional aprobó un proyecto de ley que modifica la regulación del delito de usurpaciones. Sin embargo, el Ejecutivo anunció un veto, del cual aún se desconoce su alcance.

Los aspectos más polémicos del proyecto durante su tramitación han sido la regulación de la flagrancia, la legítima defensa privilegiada y la protección a las personas en campamentos. Sobre lo primero, el proyecto establece que la flagrancia se mantiene durante toda la ejecución del delito, lo cual es lógico, atendida la naturaleza de ejecución continuada de la usurpación.

En general, el proyecto es un avance y es de esperar que el anunciado veto presidencial sea acotado.

El principal efecto de lo anterior es permitir la detención de los usurpadores por la policía en cualquier momento. Cabe recordar que la Corte Suprema determinó que la flagrancia por el delito de usurpaciones dura sólo doce horas, debiendo el propietario, luego, pedir el desalojo en un proceso judicial. Se trata de un trámite engorroso y que deja al propietario en la indefensión. Es de esperar que el veto presidencial no se refiera a este aspecto.

Lo anterior no debe confundirse con la discusión sobre la legítima defensa privilegiada, que presume que concurren los requisitos de la legítima defensa respecto de los particulares que repelen el delito cuando se produce de manera violenta. Se ha criticado que esta norma promueve la autotutela, y esa sería en efecto una consecuencia muy indeseable, por lo que el Gobierno correctamente ha marcado ese énfasis.

Finalmente, una norma transitoria protege a las personas que han cometido una usurpación no violenta y que habitan campamentos que estén en el Catastro Nacional de Campamentos de 2022. Sin duda, el déficit habitacional es un problema social de primer orden, pero su solución no puede imponerse como una carga a los particulares. El Ejecutivo, en cambio, ha intentado ampliar esta norma al Catastro Nacional de Campamentos de 2024, lo que constituye un incentivo para las tomas ilegales hasta dicha fecha.

En definitiva, en términos generales, el proyecto de usurpaciones es un avance en la materia. En consecuencia, es de esperar que el anunciado veto presidencial sea acotado.

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